Durante la sesión llevada a cabo hoy, se aprobó la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo, que fue trabajada durante meses por la Secretaría Legislativa del Senado, a cargo de Lucas Faure, que tiene por objetivo reducir la sobrelegislación acumulada y avanzar hacia un marco jurídico más claro, actualizado y eficiente.
En esta etapa se analizaron 303 leyes generales vigentes. Como resultado, se propone la derogación total de 149 normas, dentro de las cuales se incorporaron 16 leyes de períodos anteriores que no habían sido contempladas en instancias previas y que también serán suprimidas en su totalidad.
En la sesión, fue Walther Marcolini, presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales quien informó cuál había sido el tratamiento que recibió el proyecto. Explicó que se trata de un proceso dinámico que permitió detectar la necesidad de corregir errores, como la restitución de la Ley 1118 vinculada al control bromatológico, que había sido derogada previamente.
Asimismo, detalló que en este tramo se analizaron 303 leyes generales vigentes, de las cuales se propone derogar más del 40%, además de una derogación parcial, lo que refleja el alcance del trabajo de depuración normativa.
Marcolini también puso en valor los aportes realizados por los distintos bloques legislativos, que permitieron introducir modificaciones al proyecto original. Entre ellas, mencionó la decisión de mantener vigentes la Ley 4702, que regula el Círculo de Legisladores de Mendoza, y la Ley 4366, vinculada a la comercialización estatal de artesanías.
Finalmente, el senador anticipó que el proceso continuará con una cuarta etapa que abarcará el período comprendido entre 1991 y 1999, consolidando así una política pública sostenida en el tiempo y orientada a mejorar la calidad del sistema legal provincial.
Tratamiento del proyecto en comisiones
Vale aclarar que durante el tratamiento legislativo se introdujeron modificaciones a la propuesta original. Entre ellas, se resolvió no avanzar con la derogación del Círculo de Legisladores de Mendoza, una entidad creada por ley que reúne a legisladores en ejercicio y con mandato cumplido, y se optó por incluir su norma en un proceso de revisión más exhaustivo, y eliminar los gastos en que incurría la Legislatura para solventar esa estructura, obligándola a funcionar con autosustento.
En otro punto, se incorporó un artículo para restablecer la vigencia de la Ley 1118, relacionada con el control bromatológico, que había sido derogada por error en una etapa anterior. La corrección se realizó tras advertencias del Ministerio de Producción sobre las dificultades operativas que generó su eliminación.
El proyecto también sumó un criterio técnico para evitar confusiones jurídicas en los casos en que una ley deroga a otra. Para ello, se agregó una nueva columna en el anexo que identifica de manera expresa las normas que continúan derogadas, evitando interpretaciones ambiguas.
Objetivos de la iniciativa
Cabe señalar que la iniciativa propone eliminar leyes que han quedado desactualizadas por el paso del tiempo o por avances tecnológicos, como normas administrativas de la década del 70 con referencias institucionales inexistentes o valores expresados en monedas fuera de circulación. También se incluyen disposiciones cuyos efectos ya se cumplieron —como convenios educativos o transferencias de servicios—, así como aquellas vinculadas a organismos que ya no existen.
Además, se revisaron normas reemplazadas por marcos legales más modernos, disposiciones transitorias agotadas y regímenes asociados a contextos específicos que han perdido vigencia, como beneficios fiscales, programas de emergencia o estructuras administrativas discontinuadas.
Con esta tercera etapa, el proceso de revisión alcanza un total de 574 leyes analizadas, lo que representa aproximadamente el 25% del marco jurídico provincial. Las fases anteriores abarcaron el período 1896-1950, con 75 normas derogadas mediante la Ley 9653, y los años 1951-1975, con 91 leyes eliminadas por la Ley 9697, consolidando así un avance sostenido en la actualización del sistema legal de Mendoza, que se ha transformado en la única provincia que deroga más leyes de las que sanciona y habiendo derogado gran cantidad de propuestas que han sido analizadas.
