Durante la sesión realizada hoy, el Senado provincial aprobó el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir, mediante donación, los terrenos de la ex Playa San Agustín al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con el objetivo de avanzar en la construcción de viviendas sociales. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
La miembro informante del proyecto, la senadora Beatriz Galiñares, explicó que la norma habilita la transferencia de una fracción de aproximadamente 11 hectáreas y 7.077 metros cuadrados, donde históricamente funcionó el depósito de vehículos retenidos y judicializados.
La legisladora recordó que los bienes inmuebles de propiedad de la Provincia sólo pueden ser transferidos mediante autorización legislativa expresa, por lo que la sanción de esta ley constituye un paso indispensable para concretar el proyecto habitacional previsto para el lugar.
Asimismo, señaló que el destino exclusivo de los terrenos será la construcción de viviendas sociales a cargo del IPV. En una primera etapa se prevé la ejecución de 56 unidades habitacionales de 56 metros cuadrados, con dos dormitorios, mientras que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza participará en las obras de urbanización y financiará, en los casos que corresponda, la construcción de un tercer dormitorio.
El proyecto habitacional surge a partir del proceso de recuperación del predio impulsado tras el incendio ocurrido el 16 de septiembre de 2023, cuando el fuego afectó más de 26.000 vehículos almacenados en el lugar, provocó daños en viviendas cercanas y obligó a evacuar a numerosas familias de la zona.
Tras el siniestro, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Mendoza llevaron adelante tareas de saneamiento, descontaminación y compactación de más de 28.000 vehículos, permitiendo liberar los terrenos para su reutilización con fines sociales.
Durante el análisis de la iniciativa en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, la diputada Beatriz Martínez, autora del proyecto, explicó que la transferencia resulta necesaria para que el IPV pueda ejecutar las obras habitacionales, ya que actualmente los terrenos pertenecen al Estado provincial y deben inscribirse a nombre del organismo responsable de la construcción.
La legisladora también repasó los antecedentes jurídicos del inmueble y señaló que, tras una revisión de la documentación histórica, se constató que no existía una afectación formal de los terrenos a favor de la Policía de Mendoza. Según indicó, un decreto de junio de 1972 únicamente autorizó el uso del espacio para la guarda de vehículos, situación que se mantuvo durante décadas.
El proyecto urbanístico contempla la construcción de alrededor de 200 viviendas en dos etapas. La primera ya se encuentra licitada y será ejecutada a través del programa Mendoza Construye. De acuerdo con lo informado, una vez concluido el proceso administrativo de transferencia del inmueble, podrán iniciarse las obras, cuya ejecución demandará aproximadamente 14 meses.
Alcances del proyecto
La iniciativa establece la transferencia de los terrenos de la ex Playa San Agustín al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), organismo que tendrá a su cargo la ejecución del desarrollo habitacional previsto para el lugar. La donación se realiza con cargo específico, por lo que el inmueble deberá ser destinado exclusivamente a la construcción de viviendas sociales.
El proyecto se enmarca en la política provincial de acceso al hábitat y busca dar respuesta a la demanda habitacional existente en la zona. En este sentido, el sistema de vivienda social se sustenta en el cumplimiento recíproco de obligaciones: el Estado facilita el acceso a una solución habitacional, mientras que los beneficiarios asumen el compromiso de ocupación efectiva y pago de las cuotas correspondientes.
De acuerdo con los fundamentos de la propuesta, este esquema requiere el cumplimiento de las condiciones establecidas para garantizar la sostenibilidad del sistema y permitir que más familias puedan acceder a una vivienda propia. Asimismo, la iniciativa prevé que el IPV administre el inmueble y ejecute las acciones necesarias para el desarrollo de las distintas etapas del complejo habitacional proyectado.
