La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) analizó un proyecto de ley impulsado por los senadores oficialistas Yamel Ases, Beatriz Galiñares, Marcelino Iglesias, Jésica Laferte y Néstor Majul, que propone crear un marco jurídico para la recepción, preservación y tratamiento administrativo de registros audiovisuales aportados por la ciudadanía con el fin de colaborar en la detección de posibles infracciones ambientales.
La iniciativa contempla la creación de una plataforma digital oficial a través de la cual los ciudadanos podrán reportar en tiempo real situaciones que pudieran constituir incumplimientos de la normativa ambiental. El sistema incorporará herramientas de georreferenciación, validación de identidad y mecanismos tecnológicos destinados a garantizar la integridad de la información aportada.
Durante el tratamiento del proyecto, la senadora Yamel Ases explicó que la propuesta busca ampliar la capacidad de fiscalización ambiental del Estado mediante la participación ciudadana. En ese sentido, señaló que Mendoza atraviesa un proceso de actualización normativa en materia ambiental y el desarrollo de nuevas actividades productivas, lo que exige fortalecer los mecanismos de control y seguimiento.
La legisladora destacó que la iniciativa se sustenta en antecedentes normativos nacionales e internacionales, entre ellos el Acuerdo de Escazú, tratado internacional al que adhirió Argentina y que promueve el acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana en la protección del ambiente. Asimismo, recordó que tanto la Constitución Nacional como la Constitución de Mendoza establecen la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la preservación de los recursos naturales.
Según los fundamentos del proyecto, la propuesta también se encuentra alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente aquellos vinculados a la acción climática, la protección de los ecosistemas y el fortalecimiento institucional.
Los autores remarcan que la participación ciudadana constituye una herramienta estratégica para ampliar la capacidad de control sobre el territorio y facilitar la detección temprana de situaciones que puedan generar daños ambientales. Además, toman como referencia experiencias implementadas en países como Chile, Uruguay y Perú, donde funcionan sistemas digitales de denuncias ambientales a través de plataformas oficiales.
Durante la exposición, Ases señaló que actualmente Mendoza dispone de diversos canales para recibir denuncias, como aplicaciones, líneas telefónicas, sistemas de tickets y redes sociales. Sin embargo, advirtió que esos mecanismos presentan limitaciones operativas y legales, especialmente en lo relacionado con la autenticidad de los registros audiovisuales aportados por los ciudadanos y la posibilidad de que puedan ser alterados mediante herramientas de inteligencia artificial.
La senadora explicó que, en la actualidad, los aportes ciudadanos suelen constituir un dato orientativo para las autoridades, pero no cuentan con suficiente respaldo legal para iniciar procedimientos administrativos sancionatorios. Por ello, el proyecto propone que las imágenes y videos sean obtenidos exclusivamente mediante una plataforma oficial que incorpore elementos como geolocalización, sellado temporal, códigos de verificación y sistemas de trazabilidad digital que permitan garantizar la cadena de custodia de la información.
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Energía y Ambiente, organismo que tendría a su cargo la administración del sistema, el procesamiento técnico de los registros, la preservación de la cadena de custodia digital y la remisión de las actuaciones a los organismos competentes.
La iniciativa establece que los registros audiovisuales podrán constituir elementos de sustento dentro de los procedimientos administrativos, aunque por sí solos no determinarán la existencia de una infracción. En cada caso, corresponderá a la autoridad competente analizar los antecedentes y adoptar las medidas previstas por la legislación vigente.
Durante el debate, la senadora Adriana Cano propuso incorporar nuevos aportes al texto y solicitó que el proyecto sea girado también a la comisión de Ambiente para ampliar su análisis. En ese marco, se acordó que la próxima semana participen integrantes de dicha comisión en una reunión conjunta, donde además se prevé convocar a funcionarios vinculados con la temática.
Asimismo, durante la próxima sesión del Senado se solicitará formalmente el giro de la iniciativa a la comisión de Ambiente para continuar con su estudio.
De acuerdo con sus autores, la incorporación de estas herramientas tecnológicas permitirá optimizar los recursos de fiscalización, reducir los tiempos de respuesta estatal y fortalecer la protección de los ecosistemas y del patrimonio natural de Mendoza.
La propuesta continuará su tratamiento legislativo en las comisiones correspondientes antes de avanzar hacia el recinto.
