Las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales otorgaron despacho favorable por mayoría de votos al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que propone una serie de reformas orientadas a modernizar la administración pública, fortalecer las herramientas de promoción productiva, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos estatales y generar mejores condiciones para la inversión privada en Mendoza.
Durante el análisis de la iniciativa participó el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, quien explicó los principales alcances de la denominada “Ley Macro”, que incluye la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), la refuncionalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos y la liquidación de activos administrados por la Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales (DAABO).
Según se detalla en los fundamentos del proyecto, la propuesta busca continuar avanzando en la modernización del Estado, la eficiencia administrativa y el fomento a la inversión, mediante el uso más eficaz de los recursos públicos, el saneamiento de activos históricos y la consolidación de un entorno favorable para el desarrollo económico.
Adhesión al RIMI y nuevos beneficios para la inversión
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la adhesión de Mendoza al RIMI, un régimen nacional destinado a promover inversiones productivas mediante incentivos fiscales para proyectos que se desarrollen durante los próximos dos años y que estén orientados a empresas calificadas como MiPyMEs.
Además de adherir al esquema nacional, Mendoza incorpora beneficios complementarios de alcance provincial que tendrán una vigencia de diez años.
Entre ellos se destacan la estabilidad impositiva, que impedirá incrementos en la carga tributaria provincial para las empresas adheridas; el acceso preferente a programas de subsidio de tasas y otras herramientas de financiamiento; prioridad en programas de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica; acceso preferencial a programas de empleo; y prioridad para la localización en parques industriales y otros espacios productivos bajo la órbita provincial.
Fayad explicó que el proyecto también introduce modificaciones vinculadas al impuesto de Sellos, permitiendo que las inversiones alcanzadas por el régimen puedan distribuir el pago del tributo a lo largo de la vida útil de los contratos vinculados al proyecto.
Asimismo, destacó la incorporación de una disposición transitoria solicitada por cámaras empresarias, que exime del pago del impuesto de Sellos a las refinanciaciones de créditos tomados entre septiembre de 2024 y enero de 2025, período en el que las tasas de interés alcanzaron niveles particularmente elevados. El objetivo es facilitar la reestructuración de deudas empresariales sin generar nuevas cargas tributarias sobre operaciones que ya tributaron originalmente.
Refuncionalización del Fondo para la Transformación
Otro de los capítulos centrales del proyecto propone una profunda reconfiguración del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, organismo creado en 1993 con recursos provenientes del juicio por regalías petroleras mal liquidadas por YPF.
El ministro sostuvo que el Fondo cumplió exitosamente su función histórica de financiamiento productivo, con bajos niveles de morosidad y numerosos proyectos exitosos financiados. Sin embargo, consideró que el contexto actual exige una redefinición de su rol.
Según explicó, los recursos extraordinarios que dieron origen al Fondo se agotaron y actualmente su funcionamiento depende en gran medida de aportes del Presupuesto provincial. Además, remarcó que el financiamiento productivo debe ser provisto principalmente por el sistema financiero privado, mientras que el Estado debe concentrarse en corregir fallas de mercado y asistir ante situaciones excepcionales.
En ese sentido, la propuesta deja atrás el esquema de créditos directos y prioriza herramientas como subsidios de tasas de interés, fortalecimiento de sistemas de garantías para pymes y programas específicos para atender contingencias económicas.
El proyecto establece que el Ministerio de Hacienda y Finanzas tendrá a su cargo el proceso de liquidación del organismo, para lo cual deberá designar un liquidador con facultades específicas. Además, se suspenderán determinadas obligaciones de informes y publicaciones vigentes, que serán reemplazadas por reportes trimestrales a la Legislatura y al Ministerio sobre el avance del proceso.
También se regula la transferencia de activos, créditos, bienes y obligaciones del organismo a otras entidades estatales, así como el tratamiento del personal involucrado.
Reestructuración del Instituto Provincial de Juegos y Casinos
La iniciativa también contempla una reorganización integral del Instituto Provincial de Juegos y Casinos con el objetivo de adecuar su funcionamiento a los cambios registrados en la actividad durante los últimos años.
Entre los factores señalados por el Ejecutivo se encuentran el crecimiento del juego online, la disminución de la rentabilidad de algunas modalidades tradicionales y la situación generada por el incendio ocurrido en una de las principales unidades operativas del organismo.
La propuesta faculta al Instituto a modificar áreas y funciones, reorganizar su estructura interna y adoptar medidas orientadas a garantizar su sostenibilidad económica y financiera.
Respecto del personal, se prevén mecanismos de retiro voluntario, reubicación dentro del organismo o transferencia voluntaria a otras dependencias estatales. El régimen de retiro contempla compensaciones de hasta el 120% de las indemnizaciones previstas por la normativa vigente.
Asimismo, se establece que en ningún caso se verán afectados los recursos destinados a programas de salud financiados con fondos provenientes de la actividad del Instituto, manteniéndose plenamente vigente lo dispuesto por la legislación actual en esa materia.
Saneamiento y liquidación de activos de los ex bancos oficiales
Otro de los capítulos del proyecto apunta a resolver una problemática que la provincia arrastra desde la privatización de los bancos oficiales en la década de 1990.
Fayad recordó que gran parte de los créditos incorporados al patrimonio provincial provenían de carteras con elevados niveles de irregularidad, muchas de ellas adquiridas por valores superiores a su capacidad real de recupero.
Tras casi tres décadas de intentos de cobro por parte de organismos públicos y operadores privados, numerosos activos continúan sin posibilidad efectiva de recuperarse.
Por ello, el proyecto habilita la baja contable de créditos considerados incobrables por prescripción, insolvencia, conclusión de procesos concursales o por resultar antieconómico continuar las acciones de recupero.
Además, se faculta al Poder Ejecutivo a avanzar en la cancelación de garantías reales asociadas a esos créditos, especialmente hipotecas que continúan afectando inmuebles pese a que las deudas originales ya no pueden recuperarse.
El ministro señaló que esta situación genera contingencias judiciales y afecta a propiedades que hoy permanecen inmovilizadas por gravámenes históricos. En muchos casos, explicó, se trata de inmuebles heredados por segundas o terceras generaciones de familias que no pueden disponer libremente de ellos debido a hipotecas vinculadas a deudas originadas hace décadas.
La iniciativa busca otorgar mayor flexibilidad para disponer de esos activos, levantar gravámenes cuando corresponda y regularizar situaciones que impiden la incorporación de esos bienes al circuito económico y productivo.
Según el Ejecutivo, el saneamiento permitirá reducir la litigiosidad, fortalecer la seguridad jurídica y cerrar definitivamente un proceso administrativo que la provincia arrastra desde hace casi treinta años.
