La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado inició el tratamiento del proyecto de Ley de Ciberseguridad remitido por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que busca dotar a Mendoza de un marco normativo para proteger la infraestructura digital del Estado, fortalecer la seguridad de los sistemas informáticos y garantizar la continuidad de los servicios públicos frente al crecimiento de las amenazas cibernéticas.
La reunión fue encabezada por la vicegobernadora Hebe Casado, quien participó del inicio del tratamiento de la iniciativa junto a los integrantes de la comisión.
En ese marco, los legisladores recibieron a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien estuvo acompañada por el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, y el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff. Durante el encuentro, la funcionaria explicó los fundamentos y alcances de la propuesta, respondió las consultas de los senadores y destacó la necesidad de consolidar una política pública integral en materia de ciberseguridad.
Al comenzar su exposición, Rus sostuvo que la transformación digital del Estado, tanto en la prestación de servicios como en la relación con la ciudadanía, hace indispensable avanzar en mecanismos de protección para los sistemas e infraestructuras críticas que sostienen esa digitalización. En ese sentido, remarcó que la iniciativa no busca impedir que ocurran ciberataques, sino dotar a la provincia de herramientas para prevenirlos, detectarlos, responder de manera coordinada y fortalecer la capacidad de recuperación frente a incidentes.
La ministra explicó que la protección de las infraestructuras críticas comprende sistemas vinculados con servicios esenciales como hospitales, seguridad, energía, transporte y administración pública. Advirtió que un ataque informático puede afectar el funcionamiento de esos servicios e incluso comprometer la seguridad de las personas, además de poner en riesgo datos personales que administra el Estado, como historias clínicas u otra información sensible que podría ser utilizada para cometer estafas o comercializarse en mercados ilegales.
Asimismo, señaló que el fortalecimiento de la ciberseguridad también contribuye a la prevención del ciberdelito, ya que una adecuada protección de la información pública dificulta que organizaciones criminales obtengan datos para realizar fraudes, usurpación de identidad o estafas mediante ingeniería social. En ese contexto, destacó la importancia de continuar impulsando acciones de alfabetización digital para que la ciudadanía pueda identificar amenazas en los entornos digitales.
Durante la presentación, Rus indicó además que el proyecto establece la creación de un Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad, integrado por referentes informáticos de las distintas áreas del Gobierno, que tendrá la responsabilidad de elaborar un diagnóstico sobre el estado de situación y diseñar el Plan Provincial de Ciberseguridad. Ese organismo trabajará junto con una autoridad de ejecución operativa especializada encargada de implementar las acciones de prevención, monitoreo y respuesta ante incidentes.
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, aclaró que la iniciativa no constituye una ley sobre ciberdelitos, ya que esas conductas se encuentran reguladas por el Código Penal y el Código Procesal Penal. Explicó que el objetivo del proyecto es fortalecer la ciberseguridad del sector público provincial y proteger los sistemas, datos e infraestructura tecnológica del Estado. Agregó que, en caso de detectarse la comisión de un delito durante la aplicación de la norma, las actuaciones serán remitidas al Ministerio Público Fiscal para la investigación correspondiente.
Tras la exposición de los funcionarios, los senadores de los distintos bloques formularon consultas sobre el contenido del proyecto. Al finalizar la reunión, el presidente de la comisión, Walther Marcolini, solicitó a los legisladores acercar sus aportes para continuar enriqueciendo el texto antes de la emisión del despacho.
Alcances del proyecto
La iniciativa establece un marco legal destinado a fortalecer la ciberseguridad en el ámbito provincial mediante la creación del Sistema Provincial de Ciberseguridad, encargado de coordinar las políticas públicas de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a incidentes que afecten los sistemas informáticos o comprometan información crítica.
El proyecto será de aplicación en toda la Administración Pública Provincial y promueve la articulación con los otros poderes del Estado, municipios, organismos descentralizados, universidades y entidades privadas vinculadas con la prestación de servicios tecnológicos.
Entre sus principales herramientas contempla la elaboración de una Estrategia Provincial de Ciberseguridad, la implementación de protocolos de gestión de riesgos, auditorías periódicas, mecanismos de notificación de incidentes y planes de continuidad operativa para garantizar la prestación de los servicios esenciales.
La propuesta también impulsa la capacitación permanente de los agentes públicos, campañas de concientización para la ciudadanía y el intercambio de información y buenas prácticas con organismos especializados.
Otro de los ejes centrales es la protección de la infraestructura crítica esencial, incorporando medidas específicas para los sistemas relacionados con salud, educación, seguridad pública, justicia, hacienda, identidad digital e interoperabilidad administrativa. Asimismo, establece un régimen integral de gobernanza de datos para garantizar la protección de la información pública durante todo su ciclo de vida.
En el plano operativo, prevé la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad, un Equipo de Respuesta ante Incidentes y un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad, destinados al monitoreo permanente, la detección temprana de amenazas y la elaboración de estadísticas que permitan fortalecer la respuesta institucional.
Entre las innovaciones del proyecto se incorpora un Programa de Divulgación Responsable, que permitirá a especialistas e investigadores en seguridad informática reportar vulnerabilidades detectadas en sistemas públicos bajo reglas de confidencialidad y protección jurídica para quienes actúen de buena fe.
Además, la iniciativa establece obligaciones para empresas y proveedores que brinden servicios digitales al Estado, quienes deberán informar de inmediato cualquier vulnerabilidad o incidente que pudiera afectar los sistemas provinciales. También prevé un régimen progresivo de sanciones para quienes incumplan los estándares mínimos de seguridad, especialmente cuando se oculten incidentes que comprometan servicios públicos o datos sensibles.
Finalmente, el proyecto incorpora modificaciones a la Ley Provincial de Administración Financiera con el objetivo de agilizar la contratación y actualización de herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer la ciberseguridad y la protección de la información estratégica del Estado.
Tras la exposición de la ministra Mercedes Rus y de los funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia, la comisión continuará con el análisis de la iniciativa y la incorporación de aportes de los distintos bloques antes de emitir el despacho correspondiente.
