La comisión de Ambiente del Senado, presidida por la senadora Yamel Ases, otorgó despacho favorable al proyecto de ley que propone incorporar denuncias ciudadanas georreferenciadas como herramienta complementaria para la detección y control de posibles infracciones ambientales en Mendoza.
La iniciativa, impulsada por legisladores del oficialismo Yamel Ases, Beatriz Galiñares, Marcelino Iglesias, Jésica Laferte y Néstor Majul, establece un marco jurídico para la recepción, preservación y tratamiento administrativo de registros audiovisuales aportados por la ciudadanía, con el objetivo de ampliar la capacidad de fiscalización y seguimiento ambiental en todo el territorio provincial.
El proyecto prevé el desarrollo de una plataforma digital oficial mediante la cual los ciudadanos podrán reportar en tiempo real situaciones que pudieran constituir incumplimientos de la normativa ambiental. El sistema contará con herramientas de georreferenciación, validación de identidad, sellado temporal, códigos de verificación y mecanismos tecnológicos destinados a garantizar la autenticidad e integridad de la información aportada.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente., organismo que tendrá a su cargo la administración del sistema, el procesamiento técnico de los registros y la derivación de las actuaciones a los organismos competentes. En aquellos casos vinculados a competencias municipales, la plataforma funcionará como una instancia de articulación entre la Provincia y los municipios.
Durante el debate se abordó especialmente la posibilidad de denuncias falsas o motivadas por conflictos personales. En ese sentido, la propuesta contempla un proceso de validación técnica previo por parte de la autoridad de aplicación y establece que, de comprobarse la falsedad de una denuncia, el expediente será archivado y podrán impulsarse las acciones legales correspondientes.
Asimismo, se aclaró que las imágenes y videos aportados por la ciudadanía podrán constituir elementos de sustento dentro de un procedimiento administrativo, aunque por sí solos no determinarán la existencia de una infracción. En todos los casos, corresponderá a la autoridad competente analizar los antecedentes, garantizar el derecho de defensa y adoptar las medidas previstas por la normativa vigente.
La senadora Ases destacó que el objetivo es otorgar respaldo legal a una participación ciudadana que actualmente se canaliza a través de mecanismos informales, permitiendo transformar esos aportes en herramientas útiles para la protección ambiental y la detección temprana de posibles daños sobre el territorio.
También explicó que la propuesta busca integrarse al proceso de digitalización de la administración pública provincial previsto en la Ley 9625 de Sistema de Administración Pública Digital, con la posibilidad de incorporarse a futuras herramientas y aplicaciones oficiales.
Durante el encuentro, se acordó incorporar al artículo 17 la invitación a los municipios a adherir al sistema, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en materia de control y fiscalización ambiental.
El proyecto toma como referencia antecedentes normativos nacionales e internacionales, entre ellos el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana en la protección del ambiente. También se recordó que tanto la Constitución Nacional como la Constitución de Mendoza establecen la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad en la preservación de los recursos naturales.
La propuesta se encuentra alineada además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente aquellos vinculados a la acción climática, la protección de los ecosistemas y el fortalecimiento institucional.
Tras el intercambio de opiniones y las modificaciones incorporadas, la comisión otorgó despacho favorable a la iniciativa, que podría ser tratada próximamente en el recinto.
