Durante la sesión realizada hoy, fue aprobada por unanimidad una iniciativa impulsada por la diputada Érica Pulido y acompañada por Ricardo Triviño, que busca establecer un marco normativo integral para la recolección, transporte, operación, descarga y disposición final de efluentes en la provincia. Al ser modificada la propuesta original, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados en segunda revisión.
El senador Oscar Sevilla, miembro informante del proyecto, destacó el aporte de distintos bloques políticos que enriquecieron la iniciativa. Señaló que las leyes 5917 de Residuos Peligrosos y 5961 de Preservación del Medio Ambiente constituyen marcos normativos de base, pero remarcó que existía un vacío legal respecto de la actividad de los camiones atmosféricos, encargados de la recolección y transporte de efluentes industriales y cloacales.
En ese sentido, explicó que la norma viene a cubrir ese vacío, regulando de manera específica todo el circuito que abarca la recolección, el transporte y la disposición final de estos efluentes, y otorgando al Departamento General de Irrigación el rol de autoridad de aplicación para fiscalizar, habilitar y controlar el sistema.
Asimismo, detalló que el proyecto prevé la implementación de un manifiesto de carga y un sistema de geolocalización que deberá ser reglamentado, con el objetivo de permitir el monitoreo y seguimiento permanente de los camiones, evitando descargas clandestinas o en lugares no autorizados. También se contempla el pago de un canon y un régimen de multas y sanciones ante incumplimientos o derrames.
Sevilla subrayó además que la iniciativa aborda aspectos clave vinculados a la protección del ambiente, la salud pública, la seguridad vial y el ordenamiento del sector.
Durante la sesión, tanto el senador Gerardo Vaquer del bloque Justicialista como el legislador Martín Rostand del bloque de la Unión Mendocina adelantaron el acompañamiento de sus espacios políticos a la propuesta en tratamiento.
Alcances del proyecto
El proyecto fija los requisitos y el régimen de control para todas las personas humanas o jurídicas que intervengan en estas actividades, definiendo además los roles de generadores, transportistas y operadores. En este esquema, el Departamento General de Irrigación será la autoridad de aplicación encargada de fiscalizar, habilitar y controlar el funcionamiento del sistema.
Vale destacar que la propuesta original fue modificada, cambios que fueron remitidos por la propia autora y trabajados junto a Aysam y el Ejecutivo provincial, en línea con los aportes surgidos en reuniones previas. Entre ellos, se modifica el artículo 11 para establecer que todo efluente industrial deberá contar con un sistema de pretratamiento interno en el establecimiento generador antes de su transporte, garantizando que sea compatible con los parámetros de la planta de destino.
Asimismo, se incorpora un inciso en el artículo 17 y se eliminan los incisos C y G del régimen sancionatorio previsto en el artículo 23. También se dejó constancia del acuerdo alcanzado en comisión sobre estas modificaciones, dando por finalizado su tratamiento en ese ámbito.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación del Registro Provincial de Transportistas de Efluentes Cloacales e Industriales, en el que deberán inscribirse obligatoriamente quienes presten el servicio mediante camiones atmosféricos. La inscripción será pública y condición indispensable para operar, e incluirá el pago de un canon destinado al control y preservación del recurso hídrico.
El proyecto incorpora además un sistema de “manifiesto de carga” de carácter electrónico y con valor de declaración jurada, que deberá ser firmado por el generador, el transportista y el operador, garantizando la trazabilidad de los efluentes desde su origen hasta su disposición final.
En materia de control, se prevé la implementación de sistemas de monitoreo y geolocalización en los vehículos habilitados, con el objetivo de prevenir descargas clandestinas o desvíos no autorizados.
La iniciativa establece también un conjunto de prohibiciones y obligaciones. Entre ellas, se dispone que no podrán mezclarse distintos tipos de efluentes en un mismo transporte ni almacenarse por más de 48 horas. Las descargas deberán realizarse exclusivamente en sitios autorizados por Irrigación, quedando prohibido cualquier vuelco sin consentimiento previo.
Asimismo, se determinan responsabilidades específicas para cada actor: el generador será responsable por la naturaleza del efluente; el transportista, por su traslado seguro; y el operador, por su correcta recepción, tratamiento y disposición final conforme a la normativa vigente.
El régimen sancionatorio contempla apercibimientos, multas, suspensiones, clausuras, decomisos y la caducidad de habilitaciones en caso de incumplimiento, además de la obligación de recomposición ambiental ante eventuales daños.
En los fundamentos del proyecto, Pulido sostuvo que las leyes vigentes en materia ambiental constituyen antecedentes importantes, pero remarcó la necesidad de una norma específica que regule la actividad de los camiones atmosféricos, atendiendo a la protección del ambiente, la salud pública, la seguridad vial y el ordenamiento del sector.
