La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) otorgó despacho favorable al proyecto que contempla la creación de una plataforma digital oficial, a través de la cual los ciudadanos podrán reportar en tiempo real situaciones que pudieran constituir incumplimientos de la normativa ambiental.
Durante la reunión, los legisladores recibieron a distintas organizaciones de la sociedad civil: Scouts; Acción Salvaje; Fundación Techo; Centro de Gestión Integral de Crisis; Ecosigna; Fundación Defensa Vegana / Fundación Franz Weber; ProMontaña; Cooperativa Algarrobo Grande de Las Heras; Asociación Pempa Mendoza; Organización Asez; RUCC; Jóvenes por el Clima; Acción Consciente y el Programa Guardianes del Ambiente.
Desde la Fundación Techo señalaron que el proyecto fomenta la participación de los vecinos, destacando que es una forma de respuesta rápida a situaciones que pueden suceder dentro de los barrios, como el desarrollo de los microbasurales. Por otra parte, desde Ecosigna destacaron que el Estado no es el único que debe hacerse cargo de las problemáticas ambientales, sino que la sociedad en su conjunto tiene que ser parte de la solución e involucrarse. En ese sentido, señalaron que el proyecto es un mecanismo eficiente que responde a la era digital actual, ya que permite una comunicación activa con la ciudadanía a través de la denuncia, el seguimiento de la misma y la transparencia en el proceso de remediación o mitigación ambiental por parte de quien generó el daño.
El proyecto de ley, impulsado por las y los senadores oficialistas Yamel Ases, Beatriz Galiñares, Marcelino Iglesias, Jésica Laferte y Néstor Majul, propone crear un marco jurídico para la recepción, preservación y tratamiento administrativo de registros audiovisuales aportados por la ciudadanía con el fin de colaborar en la detección de posibles infracciones ambientales.
Según los fundamentos del proyecto, la propuesta también se encuentra alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente aquellos vinculados a la acción climática, la protección de los ecosistemas y el fortalecimiento institucional. En esa línea, los autores remarcan que la participación ciudadana constituye una herramienta estratégica para ampliar la capacidad de control sobre el territorio y facilitar la detección temprana de anomalías, tomando como referencia experiencias exitosas ya implementadas en países como Chile, Uruguay y Perú.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia, organismo que tendrá a su cargo la administración del sistema, el procesamiento técnico de los registros, la preservación de la cadena de custodia digital y la remisión de las actuaciones a los organismos competentes.
Finalmente, la iniciativa establece que los registros audiovisuales podrán constituir elementos de sustento dentro de los procedimientos administrativos, aunque por sí solos no determinarán la existencia de una infracción, correspondiendo a la autoridad competente analizar los antecedentes y adoptar las medidas previstas por la legislación vigente; en ese sentido, sus autores destacaron que la incorporación de estas herramientas tecnológicas permitirá optimizar los recursos de fiscalización, reducir los tiempos de respuesta estatal y fortalecer la protección de los ecosistemas y del patrimonio natural de Mendoza.
